CASO RICHARD BACA PALACIOS: ¿El burgomaestre tiene “derecho a resistir una detención”?
El actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, Richard Baca Palacios, pese a tener una orden de detención por 15 días que en un principio indicaría que el burgomaestre se entregaría a la justicia; a la fecha de hoy, no solo no se ha entregado, sino que ha pasado a la clandestinidad.
Baca Palacios es señalado por el Ministerio Público como parte del expediente N° 00441–2023–4–5001-JR-PE-08 del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional al que hemos tenido acceso, donde 46 personas son investigadas, de las cuales se solicitó la detención preliminar por 15 días a 23 de ellos.
La pregunta es ¿el burgomaestre tiene “derecho a resistir una detención”?
Luego de que se ha dictado la prisión preventiva por 15 días contra Baca Palacios, éste toma la decisión legítima -de no entregarse a la justicia- la cual es justificada pues “tiene derecho”.
No somos fiscales ni jueces, ni abogados de Baca Palacios, pero respetamos los derechos de las personas y reconocemos que el burgomaestre tiene derecho a resistir una detención que considera arbitraria.
Recordemos que, aunque en Chulucanas supuestamente tenemos algunos personajes que se precian de defensores de las cosas justas, supuestos abogados penalistas, y que no dicen nada jurídicamente válido respecto a este tema, sólo se suman a condenar, lanzar oraciones o guardar silencio, lo cierto es que nosotros sí tenemos opinión:
La prisión preventiva es cuando meten a alguien en la cárcel mientras investigan su caso, antes de que haya una sentencia. Esta medida la decide un juez para asegurarse de que el proceso penal se lleve a cabo bien. Debería ser temporal y solo usarse cuando realmente es necesario. Sin embargo, mucha gente critica esta medida porque va en contra del principio de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Básicamente, te quitan la libertad mientras dura el proceso o hasta que cambien esta medida por una menos dura, o en su defecto, hasta que decidan terminarla.
La prisión preventiva es una de las decisiones más graves y controversiales que puede tomar un juez durante un proceso penal porque afecta la libertad de una persona sin que haya una sentencia de por medio. Por eso, hay que analizarla muy bien desde el punto de vista legal y constitucional.
La razón principal para la prisión preventiva es evitar que el acusado interfiera en la investigación o se escape, asegurando así que el proceso penal cumpla con sus objetivos de descubrir la verdad y hacer cumplir la ley.
En las leyes penales peruanas, esta medida está regulada en el artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal. Los requisitos son:
a) que haya pruebas serias y fundadas de que se ha cometido un delito y que el acusado está involucrado;
b) que la pena a imponer sea mayor a cuatro años de cárcel; y
c) que, por sus antecedentes y otras circunstancias, se piense que el acusado intentará escapar o entorpecer la investigación.
Volviendo al caso Baca Palacios, no pensamos que sea protagonista de una fuga, pues existen posibilidades que vienen implícitas en el habeas corpus ¿Cuándo existe una orden de prisión preventiva el imputado tiene derecho a resistir la orden? La respuesta es sí. Nadie se la recomienda, es una decisión propia.
Reconozcamos que en nuestro país ha habido críticas sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y la proporcionalidad de las penas impuestas.
Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, es un ejemplo destacado. Ha estado prófugo de la justicia desde octubre de 2023 y enfrenta múltiples órdenes de prisión preventiva por delitos como colusión y lavado de dinero. A pesar de las órdenes judiciales, Cerrón ha mantenido una presencia activa en redes sociales. Y se ha convertido en una especie de “Gazú” del régimen de turno, parafraseando la conciencia del afamado “Pedro Picapiedra”, que cada cierto tiempo le recuerda a los gobernantes el camino del bien y del mal.
El hermano de la presidenta Nicanor Boluarte también ha sido mencionado en el contexto de prófugos de la justicia, siendo el talón de Aquiles que puede sentenciar al régimen actual. La Fiscalía ha imputado a Nicanor Boluarte los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico.
El ex ministro de transportes de Pedro Castillo, Juan Silva, también ha sido señalado en relación con la prisión preventiva. El extitular del MTC es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de colusión y organización criminal.
El más reciente intento de fuga, la protagonizó la juez Elizabeth Peralta, acusada por el caso Chibolín, quien amagó su fuga y reculó, entregándose a la justicia en las últimas horas para cumplir 18 meses de prisión preventiva.
En resumen, la prisión preventiva en Perú sigue siendo una herramienta controvertida, especialmente cuando se aplica a figuras políticas influyentes. No sabemos hasta qué punto sea este el caso de Baca Palacios, pero de haber intereses políticos de por medio, el tiempo lo dirá. Y no sería novedad que reconsidere su paso por la clandestinidad en los próximos días. Lo cierto es que la proporcionalidad y la justicia en su aplicación son temas que requieren una revisión continua para asegurar que se respeten los derechos de los acusados y se mantenga la integridad del proceso judicial.
La fiscal Irene Mercado Zavala, quien dirigió el operativo en Chulucanas, Piura, afirmó que la autoridad edil no fue detenida, pero se incautaron documentos que estarían relacionados con una presunta organización criminal y S/ 5000.
La fiscal declaró que el alcalde Richard Baca Palacios, anteriormente fue asesor de AELUCOOP y habría fundado el grupo Baca, desde donde presuntamente se apropió de fondos de los ahorristas. Todo este historial corresponde a un tiempo previo a su gestión municipal.
El alcalde está acusado de obtener préstamos valorizados en nueve millones de dólares y presentar como garantía terrenos que no eran de su propiedad.
Al cierre de este informe se sabe que continúan los operativos para ubicar al burgomaestre Richard Baca, que está en todo su derecho de resistirse a una detención que considera arbitraria, como lo hace Vladimir, Nicanor, Juan Silva, etc…
Amanecerá y veremos si se despeja el camino.
